Sin perjuicio, que existen profesionales que dejan bastante que desear en cuanto a su labor, pues engañan a sus representados o el trabajo que se comprometieron realizar no lo hacen ellos sino que habilitados de derecho, la mayoría resultan ser personas que realizan la labor encomendada de la mejor forma posible. Sin embargo, existe una razón bastante clara como para darnos cuenta del por que se tiene tan mala impresión de los profesionales del derecho, pese a que, insisto, la mayoría realiza su mejor esfuerzo.
El ejercicio de la profesión de abogado, dice relación esencialmente con la defensa de los derechos de las personas o con la realización de ciertas gestiones; pero todas ellas no se realizan en la intimidad de la oficina, sino que se ejerce ante diversas instituciones, como por ejemplo, ante los Tribunales de Justicia y diversos órganos del Estado. Entonces vemos una diferencia clara con otras actividades, pues dependemos de otros y, la resolución de un conflicto o el buen éxito de la gestión no es efectuada en último término por el abogado, sino por el organismo al cual recurre.
Pero ese organismo que resuelve, no sólo tiene un superior jerárquico, como por ejemplo, el juez o el alcalde, sino que una cantidad de otras personas que contribuyen a la realización del cometido. Como se aprecia, el abogado requiere de la participación de muchas personas para lograr su cometido.
Claro que para las personas, al momento de opinar, este no resulta ser un elemento relevante y como se dice vulgarmente "echan todo dentro del mismo saco", por lo tanto, si el poder judicial falla, si existe un paro de funcionarios y no se atiende durante varios días, es el abogado el responsable. En otras palabras, si tengo una mala opinión del sistema judicial o público, lo asimilo al profesional del derecho y también lo hago responsable de la mala gestión. Un ejemplo: hace un tiempo, presente un escrito de fácil resolución a un tribunal, respecto de una causa que debía tener una tramitación rápida, sin embargo, el funcionario lo extravió y, a los pocos días lo encontró, pero se le extravió el expediente y, a los pocos días lo encontró y, se lo pasó a la funcionaria encargada, quien tenía mucho trabajo y lo dejó para el final. Como urgía su resolución, hablé con ella y me dijo que tan pronto terminara con otras cosas vería mi escrito, pasaron los días y mi representada se comenzó a desesperar y a llamar diariamente para ver como iba el tema. Volví a hablar con la funcionaria y me repitió lo mismo, pero esta vez se comprometió que en dos días lo tendría resuelto. El día anterior a la fecha prometida, mi representada aburrida de mi supuesta ineptitud en la gestión, fue a hablar personalmente con la funcionaria, quien le dijo que tendría todo listo para el día próximo, lo cual así ocurrió. Es decir, cumplió con lo que me prometió, pero para mi representada eso no se debió a mi gestión, sino que a su visita al tribunal.
Claramente puede ocurrir que la gestión de un tribunal esté colapsada, lo cual es normal, sin embargo, varias veces esa situación se atribuye no al sistema sino que al profesional encargado, es decir se asimilan las funciones, cargos y gestiones.
Esta situación también ocurre con los funcionarios públicos, pues para la mayoría de las personas también son asimilados con la organización en la cual trabajan, así por ejemplo, si no se otorga un permiso, muchas veces las personas culpan al funcionario de turno, es decir, no se culpa al sistema o al exceso de burocracia o por último a la autoridad que establece las reglas, sino que a la persona visible.
Pues bien, en el derecho administrativo existe un principio llamado el "derecho a la información", en el cual, el usuario o administrado tiene el derecho a acceder a la información de los órganos del Estado. Este principio se consagró con la dictación de la llamada ley de transparencia, la cual no es más que la expresión práctica, de lo dispuesto en el artículo 8, inciso segundo de la Constitución Política, el cual establece lo siguiente: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”
Por lo tanto, podríamos decir que toda información es pública, salvo aquellas materias que una ley de quórum calificado establezca como secreta. Esta ley entonces, además consagro el principio de relevancia, pues para las personas resulta importante lo que ocurre dentro de los órganos del Estado y es obligación para ellos divulgar lo que ocurre en su interior. Ocurre entonces, que el principio de derecho a la información, viene a ser propio de los gobiernos democráticos, ya que son los gobiernos totalitarios y dictatoriales los que actúan en secreto, sin que las personas tomen conocimiento de sus actos.
Pero como sabemos la ley no logra solucionar las cosas por su pura dictación, sino que requiere tener vida y esa vida se la pueden dar los funcionarios de los distintos servicios públicos, por lo tanto, quizás no es necesario hacer uso de procedimientos engorrosos para obtener información, quizás con un funcionario amable, dispuesto a explicar a las cosas y ser sincero y comprensivo con una solicitud se logré el mismo objetivo y al final logremos: tener a un usuario informado y además separar el sistema del funcionario.
Ahora, de acuerdo a lo leído ¿cómo creen que el derecho a la información puede influir en un correcto desempeño funcionario? y ¿logran notar como influye la fuente del derecho llamada principios generales del derecho?
R. Felipe Torres Soto.
